Sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública

Publicado: 30 julio 2011 en #takethesquare, Castellano, Ley de acceso a los datos públicos
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El Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011 ha aprobado un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dejando de lado el hecho de que lo que se reconoce es un derecho de acceso a la información pública y no a los datos, a nuestro juicio, los principales aspectos negativos de esta ley son, por un lado, que no establece mecanismos efectivos de control del cumplimiento de esta ley; y, por otro, que instaura el silencio administrativo desestimatorio. Así las cosas, este anteproyecto nos parece más cercano a una declaración de buenas intenciones en esta materia que un instrumento legal efectivo para salvaguardar el derecho de acceso a los datos públicos en nuestro país.

El Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011 ha aprobado un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, ha hecho llegar Access Info Europe el texto del anteproyecto de la ley, acompañado de una carta en la que afirma:

Desgraciadamente la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley no será posible en esta legislatura, conocida la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre que el Presidente ha hecho pública hoy mismo. Sin embargo, la andadura de esta Ley es ya irrevocable y con toda seguridad formará parte de los próximos proyectos que serán tratados en la legislatura que se iniciará a comienzos del próximo año 2012.

Dejando de lado la tácita admisión de que el Gobierno ha incumplido su proyecto electoral en este punto al no haber aprobado, como prometió en las campañas que precedieron a las dos últimas elecciones generales, una ley de transparencia, paso a subrayar de forma no exhaustiva los aspectos positivos y negativos que, desde mi punto de vista, tiene la ley.

Aspectos positivos

  • Derecho de acceso a la información pública: Uno de los aspectos positivos de la ley es que, en su capítulo III (y particularmente en el art. 6), sigue reconociendo como derecho el acceso a la información pública, en la línea, por tanto del borrador de anteproyecto que se filtró el año pasado y en sintonía con el propuesta del PP de ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que conocimos hace unas semanas.
  • Reducción de los plazos:  Por otro lado, como regla general, reduce a un mes los plazos dentro de los cuales la administración responderán a las solicitudes de acceso a la información, un cambio importante respecto al borrador de proyecto filtrado el verano del año pasado, que preveía plazos más engorrosos y dilatados.
  • Establece la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información: Un cambio importante respecto al borrador, en el que se convertía a la Agencia de Protección de Datos en el organismo público de referencia al respecto. Ahora se crea una comisión especial consultiva (v. más abajo): “como órgano colegiado de ámbito nacional encargado de de fomentar la transparencia y velar por la protección del derecho de acceso a la información” (art. 18.1), cuyas funciones se detallan en el apartado segundo del mismo artículo y que tienen, sobre todo, por objeto el asesoramiento y la elaboración de criterios comunes de actuación en esta materia.
  • Plazo seis meses de ejercicio de la publicidad activa por parte de las Administraciones públicas: En la Disposición Adicional Segunda, introduce la obligación de publicar de oficio en el plazo de seis meses toda la información a la que se refiere el artículo 3 de la ley (en el que se incluye desde los textos legales hasta las memorias explicativas de los proyectos).

Aspectos negativos

  • Silencio administrativo desestimatorio: Éste es, sin duda, uno de los aspectos más negativos de este proyecto de ley, que, en cierto modo,  pone en tela de juicio la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Dice el art. 14.2 de la ley: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado expresa[mente[, la solicitud de acceso se entenderá desestimada”. Una cortapisa seria a las pretensiones a las que esta ley pretende dar respuesta.
  • No se prevé un organismo de control del cumplimiento de esta ley: Aunque se prevea la creación de una Comisión de Transparencia, ésta, por un lado, está adscrita al Ministerio de la Presidencia; y, por otro, no tiene competencias de control, sino que funciona como colegio asesor. Además, se elimina el recurso planteable ante la Agencia de Protección de Datos al que se refería el borrador de Anteproyecto filtrado.
  • No se concreta cómo se va a publicar la información.
  • No se incluye internet entre los canales de publicación: En el art. 4.2 de la ley se incluyen los siguiente canales:

a) Oficinas de atención presencial.

b) Puntos de acceso electrónico.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Correo postal o electrónico.

Es decir: canales de publicación que sólo se abren a instancia de parte y que son mucho más costosos que la publicación proactiva en internet de los datos públicos. Un punto más que revela la falta de voluntad del Gobierno y poderes públicos de empoderar a los ciudadanos. (Gracias al blog amedioentender por subrayar este punto).

  • La ley sólo regula el acceso a la información, pero no a los datos públicos: Éste es un aspecto fundamental a mi juicio: sólo se regula el acceso a la información pública, pero no a los datos públicos; es decir, sólo se regula el acceso a una manipulación de los datos, lo que limita la capacidad de análisis y crítica objetiva de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración. En este sentido, el artículo 2.3 excluye tanto la información en proceso de elaboración y la “meramente auxiliar y de apoyo para el ejercicio de la función pública”.

Links sobre el tema

Páginas de interés

– Access Info Europe

– Coalición Proacceso

Blogs

– Grupo jurídico-legal de la acampada de Salamanca

– amedioentender

Archivística.net

– Ley de transparencia ya.info

Documentos

– Carta del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, a Access Info Europe

– Anteproyecto de Ley de Transparencia del Gobierno (29.7.2011)

– Breve informe sobre el anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros del 29.7.2011

– Borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia filtrado en 2010

– Proposición de Ley del Grupo Popular relativa a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

– Los diez principios que debería cumplir una Ley Pro Acceso (Coalición Pro Acceso)

– Tabla comparativa entre el anteproyecto y los diez principios (Coalición Pro Acceso)

– ¿Qué es el derecho a la información? (Access Info)

Más en este blog sobre Transparencia y Acceso a los Datos Públicos:

Ley de acceso a los datos públicos

comentarios
    • jorgenaroja dice:

      En el blog “amedioentender” se incide también en un aspecto que ciertamente es impactante: la ley no contempla internet como medio de difusión de la información pública (ojalá fueran los “datos públicos”, pero ése es otro tema). Y es un aspecto grave porque es una manera velada de poner un obstáculo serio a la aplicación de la ley: de esta manera, al excluir el medio menos costoso de publicación la información, se infla la cifra de gasto que supondría la garantía de lo que en esta ley se reconoce vagamente como derecho (sin salvaguarda efectiva); lo que da perfectamente pie a que se argumente por parte del gobierno que es desgraciadamente imposible garantizarlo dados los tiempos de crisis que corren, etc.
      Éste es un punto muy importante que nunca nos debemos cansar de recordar: es mucho más caro no publicar los datos de forma proactiva y hacerlo sólo a petición de parte, que que la Administración tenga la obligación de publicar en internet los datos que maneja. Si los datos están disponibles en internet, el ciudadano puede acceder a ellos a golpe de click y no necesita formular una petición que luego deba ser atendida, que a lo mejor debe ser remitida a otro órgano…, de forma que se multiplican de forma absurda (dados los medios de comunicación de los que actualmente disponemos) las manos por las que pasa la petición, se da pie a una burocratización engorrosa y a que muchas veces las solicitudes de información no sean atendidas porque vencen los plazos y se contempla en la ley el secreto administrativo desestimatorio.
      El problema es que (y aquí está, desde mi punto de vista, el quid de la cuestión) el control ciudadano de la actuación de los poderes por parte de los ciudadanos sería potencialmente mayor, si los datos estuvieran publicados de manera que se pueda acceder a ellos de una forma clara y más barata. Algo que evidentemente no interesa a los que nos gobiernan, por mucho que lo hagan gracias a que los ciudadanos paguemos los impuestos…

      (De hecho, según tengo entendido, el tema del coste de aplicación de esta ley fue uno de los puntos más conflictivos en los debates del Gobierno, que el año pasado se dividió en dos bandos uno a favor y otro en contra de la aprobación de un anteproyecto de ley de transparencia. Este disenso interno fue el que motivó que la fracción a favor de la aprobación del anteproyecto filtró el borrador del mismo como medida de presión.)

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