Las dictaduras de Monti y Papademos – ¿Reflejo de una nueva forma de guerra europea?

Publicado: 19 noviembre 2011 en Castellano, Socioeconomía
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La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

The form of government of Greece is that of a parliamentary republic.
Popular sovereignty is the foundation of government.
All powers derive from the People and exist for the People and the Nation; they shall be exercised as specified by the Constitution.

Han pasado más de dos siglos desde que la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo 3 se determinaba que «toda soberanía reside esencialmente en la nación». Han pasado sólo unos cuantos días desde que los jefes de Estado de Italia y Grecia encargaran a Monti y Papademos, respectivamente, el gobierno de la nación. La diferencia entre aquella declaración y la solución política a la que se ha llegado tanto en Grecia como en Italia es que mientras en el primer caso se define qué es soberanía en un ejemplo claro de autodeterminación, en estos últimos esta soberanía nacional se cede de hecho por presiones externas. Y la justificicación para hacerlo es el estado de excepción económico que viven ambos países. Aunque no está de más preguntarse si los que fuerzan la formación de estos gobiernos de excepción (estas dictaduras, como argumentaremos) no son los corresponsables de que se haya llegado a la excepcionalidad de la situación cuya solución, pregonan, exige tomar decisiones tan profundamente antiparlamentarias. (Otros responsables de que se haya llegado a esta situación son los propios políticos griegos e italianos: si ni siquiera la gran mayoría de ellos han creído en el sistema, ¿cómo lo iban a hacer ciudadanos e instituciones extranjeras? Dejamos apuntado aquí este último aspecto, que, sin embargo, no desarrollaremos aquí por temas de espacio.)

Con la formación de los gobiernos de Monti y Papademos se inaugura una nueva fase de la política neoliberal que impera actualmente en Europa: después de que la coyuntura económica haya motivado la modificación del texto fundamental del sistema político del estado español, se instauran dos gobiernos de excepción, uno de los cuales presume de no contar con políticos de carrera entre los ministros que lo forman. Un ataque ideológico frontal, repetimos, contra la democracia parlamentaria, un capítulo más de la guerra de raíz económica que actualmente se libra en Europa.

En este artículo pretendemos aportar elementos de reflexión que contribuyan a dinamizar un debate crítico serio sobre la peligrosa situación política que se está creando en y desde Europa. Nuestra argumentación se basará sobre todo en Carl Schmitt, y no por casualidad: no sólo porque con su teoría política  justificara (y se pudiera justificar) la necesidad de la forma en que los nacionalsocialistas ejercieron el poder en la Alemania de la República de Weimar, sino porque aporta elementos de análisis que ayudan a comprender mejor la batalla política y la guerra sin balas que se está librando actualmente en Europa y sus posibles (y peligrosas) consecuencias. Insistimos: este artículo no pretende ser de opinión, aunque suponga una toma de postura necesaria, sino un análisis de la situación de excepcionalidad de la política europea del momento sobre la base de realidades históricamente pasadas pero innegablemente presentes. Una reivindicación, en definitiva y si se quiere, de disciplinas denostadas como “de letras” en una época tan cientifista como muchas veces carente de capacidad crítica, a la vista de los hechos.

La raíz dictatorial de los gobiernos de Monti y Papademos

Dictadura: (…) 3. Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país. 

DRAE

La dictadura es, según Carl Schmitt, un mero medio para restituir la estabilidad que toda normalidad necesita para la aplicación y vigencia del Derecho. La dictadura presupone un estado de excepción que requiera tomar medidas extraordinarias (“fuera del orden”). El carácter si no ilegal, sí al menos extralegal de esta forma de gobierno no implica, sin embargo, que deje de  ser legítima, según Schmitt. El fundamento de una dictadura no es la legalidad, puesta en suspenso por la excepcionalidad de la situación, sino su legitimidad, que no tiene por qué estar atada a normas positivas, sino que puede perfectamente perseguir fines situados por encima del derecho positivo, como la supervivencia del estado, o, en nuestro caso, la estabilidad de la economía europea. Éste es claramente el caso de Italia y de Grecia: la situación de exepcionalidad producida por la coyuntura económica ha motivado la creación de unos gobiernos obviando la normalidad democrática que presupone la celebración de elecciones para formarlos; gobiernos, por tanto y si seguimos la forma de argumentar de Schmitt, al margen de la legalidad pero no por ello ilegítimos. Su legitimidad se basaría, repetimos, en los principios que pretenden defender (con la estabilidad económica a la cabeza) ante lo excepcional de la situación que motivó su creación. (Otra cosa es que estos principios que legitiman la existencia de estos gobiernos sean compartidos por la población que financia su existencia pagando sus impuestos.)

Monti y Berlusconi

A parte de la forma anormal de formación de estos dos gobiernos, hay otros aspectos que subrayan su excepcionalidad y, por ende, su carácter dictatorial. El sistema al que estamos acostumbrados está basado normalmente en un proceso electoral al que concurren partidos políticos con unos programas electorales que, por regla general, suelen incumplir o por los menos cumplir sólo parcialmente una vez llegan al gobierno. Es decir, es un sistema basado en la promesa y el proyecto, en el futuro, por tanto. En el caso de los dos gobiernos de reciente formación a los que dedicamos este artículo, su constitución no se basa (especialmente en el caso de Italia) en proyectos políticos, sino en los currícula de las personas que lo forman: lo que ha primado, por tanto, no es un proyecto político colectivo de un partido, sino las biografías individuales de sus miembros. Un proceso de formación de gobierno, en definitiva, que no promete un futuro, sino que pretende garantizar unos resultados sobre la base de la experiencia laboral de los miembros que lo forman, demostrada por escrito. Sus miembros, por tanto, no son elegidos, sino contratados para hacer el trabajo sucio: los criterios que hay detrás de su elección no son los reglados constitucionalmente como esencia de lo público (por ejemplo el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones o cargos públicos y el concurso de la voluntad popular como fundamento de su elección), sino que son criterios propios del sector privado, análogos a los que un empresario utilizaría para baremar a los candidatos a un puesto en su organización y de los que se sirve para elegir al idóneo para desempeñar la tarea que lleve a la obtención de beneficio mediante su actividad económica. Detrás de todo ello hay una radical desconfianza en las palabras y una reivindicación, probablemente desesperada, de una política que haga y no diga; un ataque frontal, en ese sentido, al parlamentarismo. En definitiva: una nueva forma, ideológicamente motivada, de privatización de lo público.

Estado (con gobierno) de excepción: soberanía sin concurso de voluntad general

Volvamos a Carl Schmitt. Para él, el soberano es el que decide sobre un estado de excepción (“Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet”). Es  decir, comparte la característica esencial que define a una dictadura: la excepcionalidad. Y en ese sentido, el soberano es el que lógicamente decide en una dictadura; no por el hecho de ser nombrado soberano, sino por ser el que efectivamente resuelve los problemas. Es decir, el hecho de definir tanto a la forma de gobierno como al gobernante ideal que la encabece recurriendo a la excepcionalidad, hace que su definición tenga necesariamente que ser heurística.

De esta sutil forma se introduce (por la puerta de atrás, como quien dice) lo coyuntural en el sistema político: no sólo porque motive la introducción de enmiendas constitucionales construidas sobre la base no de criterios claramente establecidos, sino de criterios necesariamente variables; sino porque provoca que lo coyuntural sea el fundamento de un gobierno de excepción, es decir anormal (fuera de lo normado).

El roto, privatización del estado

Las teorías de Schmitt parecen tener reflejo en la situación política actual en Grecia e Italia. Pero para ello tendría que ser cierto que tanto Monti como Papademos fueran efectivamente soberanos: capaces, por tanto, de decidir en el estado de excepción. Pero esto no parece ser del todo cierto. Y para entender que efectivamente no son soberanos, hay que dar un paso más y afirmar que la raíz de la crisis política (que no económica, como nos lo pretenden vender) está en que la coyuntura económica que motiva las decisiones que se toman en una serie de países de la Unión Europa no es un reflejo de la voluntad general (es decir, aquella que refleja lo que todo ciudadano debería querer en beneficio de todos); sino resultado de la competencia entre intereses particulares. Ya no es el bien común el vector de las decisiones políticas, sino la salvaguarda de los intereses particulares que compiten en lo que conocemos por mercados. Algo que se ha acentuado cuando a los estados europeos dentro de la unión monetaria no les queda otro modo de financiarse que recurrir a los mercados financieros, porque ya no pueden imprimir más dinero, como podían antes de entrar en el Euro: al poder financiarse sólo vía endeudamiento, son especialmente vulnerables a las reacciones de los mercados de deuda; de esta manera, los intereses particulares que dinamizan estos mercados son los que crean la situación de excepcionalidad que finalmente justifica la formación de gobiernos dictatoriales formados por tecnócratas. Una pescadilla, por tanto, que se muerde la cola. Y una situación que lógicamente lleva a la conclusión de que gran parte de la soberanía política descansa ahora en una realidad tan impredecible como es la competencia de intereses particulares que conocemos por mercados (de deuda en este caso). En sentido estricto, parece no tener ya tanto sentido de hablar ni de soberanos en el caso de Monti y Papademos ni de soberanía nacional o popular, sino, en todo caso, de soberanía financiera: en Europa sólo son soberanos aquellos estados que actualmente puedan financiarse en unas condiciones lo suficientemente ventajosas como para no comprometer su futuro; en el caso de no poder hacerlo así, se acaban viendo abocados a convertirse en dictaduras, obligados por aquellos socios de la Unión que no quieren ver comprometida su actual soberanía financiera -que son los que realmente dirigen los designios del país gobernados por personas que sí representan (por fin) los intereses de las instituciones europeas-.

¿Una nueva forma de guerra europea?

Probablemente sea un recurso muy manido recurrir a la máxima de Clausewitz «Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln» (“La guerra no es más que la continuación de la política con otros medios”) para hablar de ciertas situaciones políticas como la aquí descrita. Es también muy posible que en el caso del relevo de gobierno en las democracias griega e italiana podamos hablar de una continuación de la política (tal y como la venimos conociendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial para acá) con otros medios. Sólo en este estricto sentido podremos de hablar, con Clausewitz, de una situación similar a la guerra. Y la guerra, para Clausewitz es «ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen» (“un acto de violencia para obligar al enemigo a que realice nuestra voluntad”).

¿Podemos hablar de una situación de guerra en Europa? Probablemente: parece casi una obviedad afirmar que sobran los ejemplos en los últimos meses en los que se ve cómo muchos gobiernos toman medidas contra la voluntad general para realizar la voluntad de instituciones ajenas. Ahora más que nunca, lo que está en entredicho en la Desunión Europea es la soberanía nacional de una parte de sus miembros. Repetimos que no de todos: porque mientras unos estados salen cada vez más reforzados de la crisis, otros son empujados al abismo, tal y como lo reflejan las diferentes primas de riesgo de sus deudas públicas y el interés que cada uno de esos estados tienen que pagar (actualmente, la fortaleza de un estado es inversamente proporcional al tipo de interés que tiene que pagar en los mercados para poder financiarse). Las instituciones europeas se han convertido en el organismo que ejecuta la voluntad de los países con mayor fortaleza económica en los países del club más débiles económicamente. Lo que está en juego es la soberanía (financiera) de los estados: unos la han perdido (no sé si alguna vez la tuvieron dentro de la unión monetaria) y otros luchan por no perderla, obligando a los primeros a cumplir su voluntad en el marco de una nueva legalidad que de esta manera se les impone.

Caricatura de José I Bonaparte

Caricatura de José I Bonaparte

Algo parecido ha ocurrido ya en Europa a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX: el caso más parecido al que aquí comentamos son los estados creados bajo el imperio de Napoleón en el transcurso de las guerras napoleónicas. En ellos y con ellos se creó un nuevo orden en los territorios en cuestión, resultado de un estado de excepción motivado por la ocupación napoleónica. Este nuevo orden se hizo o bien pactando con los soberanos de los territorios ocupados en el caso de conservar su fisonomía geográfico-política (véase el caso de la España de Carlos IV) u otorgando constituciones “napoleónicas” a estados que no existían con anterioridad a la ocupación napoleónica (por ejemplo, el Ducado de Varsovia). Lo curioso del ejemplo es que, en el caso del ducado de Varsovia, Napoleón obtuvo un amplio apoyo (también militar); y más bien lo contrario en el caso de España. Hasta el punto de que los cosacos polacos intervinieron en alguna de las batallas libradas en suelo español (como la de Somosierra). Prueba, probablemente, de que la falta de conexión del poder político con el ciudadano puede abocar en situaciones francamente peligrosas: los polacos se sintieron liberados por Napoleón, los campesinos españoles, no, por el contrario; en el primer caso, el pueblo compartía la percepción de que el nuevo poder que los gobernaba era legítimo porque supuso su liberación sobre todo de Rusia y el imperio austrohúngaro; en el caso de España, a los ojos de amplias capas sociales del país, el gobierno de José I carecía de legitimidad, porque se veía como impuesto por el yugo francés.

Tampoco la paz de Versalles firmada al término de la Primera Guerra Mundial fue vista con buenos ojos por un amplio sector de los alemanes: así fue más fácil que, dada la desesperada situación económica del país, un líder con un carisma atractivo para muchos se hiciera con el poder con las consecuencias que nadie debería olvidar. Esperemos equivocarnos, pero la verdad es que el auge de los extremismos en Grecia y la radical desconfianza en la política parlamentaria de una ciudadanía que no siente que la represente no auguran mucha estabilidad política. Por ese motivo nos preguntamos si la estabilidad económica que se pretende conseguir con las dictaduras griegas e italianas no pueden llegar a convertirse en un caldo de cultivo para oportunistas políticos como lo ha sido siempre Berlusconi (recordemos que las circunstancias en las que accedió al poder fue una falta de credibilidad del resto de partidos italianos a ojos del electorado). Y es que no hay que olvidar que esta crisis es política porque su origen está en la falta de representación efectiva de la voluntad general: el descrédito general (motivado ideológicamente) de lo público y su desatención sistemática por ciertas opciones políticas se acaba traduciendo en un aumento de las desigualdades sociales, por mucho que de esta manera se consiga un equilibrio de las cuentas públicas. Y mientras la que guíe al pueblo no sea la libertad, sino la estabilidad presupuestaria, las consecuencias de estas políticas seguirán traduciéndose en una Desunión Europea en la que sus ciudadanos se vean forzados cada vez más a jugar en diferentes ligas.

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