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En un claro ejemplo de incumplimiento del principio de transparencia que Rajoy había prometido seguir en su discurso de investidura, el Gobierno ha aprobado una modificación del límite de los avales concedibles por el Estado sin mencionarla en la rueda de prensa. Esta modificación es, en realidad, un rescate encubierto, porque supone un respaldo económico de vigencia indefinida al sistema financiero a cargo de la deuda pública. Entre otros, se establece el aval a operaciones de titulización de activos (como las de las hipotecas subprime), eliminando las limitaciones que había establecido el anterior ejecutivo. Parece que se consolida el principio de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios.

Después de las últimas medidas adoptadas por el nuevo Consejo de Ministros, el déficit del Estado es más público que nunca. No sólo porque se ha preferido subir el impuesto a las rentas de la clase media (que es la que verdaramente paga el IRPF) en vez de, por ejemplo, establecer medidas para combatir el fraude fiscaleliminar privilegios fiscales como el de las sociedades de inversión con gravamen de tipo reducido (1%) -las SICAVs-, o de poner la tributación por rentas de capital al mismo nivel que la tributación por rentas de trabajo (actualmente si ingresamos 100.000 en dividendos pagamos 21.000 de impuestos; pero si los 100.000 los ingresamos en nuestra nómina, pagamos 40.000). No sólo por eso: con una nocturnidad comparable a la que caracterizó a la forma en que se hizo la última reforma constitucional, se ha ampliado de forma alarmante el respaldo público a las operaciones de capital: el límite de los avales que el Estado puede conceder ha aumentado  en más de un 263%; y con la modificación este aval se destina exclusivamente al sector financiero (a entidades financieras y afondos de titulación  de activos). Una medida completamente contrapuesta al objetivo de austeridad que el nuevo Gobierno afirma perseguir, porque se hace a cargo de la deuda pública, con el consiguiente aumento de los gastos corrientes de futuros ejercicios, lo que llevará a que el gasto público en beneficio de la ciudadanía se verá aún más constreñido en el futuro: ésta será la herencia que dejará el gobierno de Rajoy.

Rescate encubierto

Esta privatización del respaldo público está también en el “decretazo” del viernes (el Real Decreto-ley 20/2011). En la Disposición Final decimoséptima (pág. 64 del BOE núm. 315 del 31 de diciembre de 2011) se establece una modificación del artículo 49 de la Ley 39/2010 de  Presupuestos Generales del Estado para 2011, relativo al importe de los avales del Estado, con las siguientes variaciones:

  • Modificación de la regulación de los avales concedibles por el Estado - RD 20-2011Se aumenta en un 227% el límite de los avales concedibles por el Estado, pasando de un límite máximo de 59.900.000 a 196.043.560.
  • En el caso del artículo original estos avales no estaban destinados al sector financiero, sino a navieras radicadas en España, a empresas dedicadas al desarrollo del coche eléctrico y al Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico. Pero ahora el aval del Estado se destina exclusivamente al sector financiero: al Fondo Europeo de Estabilización Financiera (92.000 millones de €) bancos (100.000 millones de €) y a fondos de titulación de activos (3.000 millones de €).  Es decir: estamos ante un rescate encubierto.
  • La vigencia del artículo original estaba limitada al ejercicio de 2011; en el texto modificado el único límite establecido es el de la entrada en vigor (1 de enero de 2012), estableciéndose que su vigencia será indefinida. Es decir, con esta maniobra de dudosa legalidad (modificando un texto legal de duración limitada de manera que sea aplicable en cualquier ejercicio a partir del 1 de enero de 2012) se consolida el principio de socialización de las deudas y privatización de los beneficios.
  • En el apartado c) del punto segundo se introduce la posibilidad de avalar con un límite de 3.000 millones de euros, fondos de titulización de activos, es decir sociedades ad hoc creadas para repartir los riesgos de impago de ciertas operaciones financieras y utilizadas por las entidades financieras como una fuente alternativa de financiación. Este aval ya estaba previsto en los presupuestos para 2011 pero en el artículo siguiente (el 50) y con un catálogo de limitaciones (50% del saldo vivo destinado a PYMES, dimensión limitada del fondo…). Con la modificación aprobada, sólo se establece (sin límite alguno) la posibilidad del aval estatal a este instrumento con el que las entidades financieras traspasan los riesgos asociados a ciertas operaciones, un mecanismo financiero que fue la causa de la crisis de las subprime, el origen de la actual crisis.

Promoción de la especulación

La conclusión es clara: vía austeridad, la intervención del Estado en la sociedad y la economía debe reducirse. Pero a la vez se utiliza para promover operaciones de capital destinadas a operaciones de especulación (en vez de promover decididamente una renovación del sistema productivo que genere mayor estabilidad laboral). Es decir, el mensaje que está enviando el nuevo Gobierno está claro: el Estado no sólo debe reducirse, sino que no debe limitar la economía especulativa; más bien todo lo contrario, promoverla. Lo sangrante del tema es que estos avales los pagaremos todos vía IRPF, un impuesto que se ha subido en el mismo Real Decreto en el que se establece este aval al sector financiero. ¿No habría sido más justo y beneficioso para todos proponer una reforma a fondo del Instituto de Crédito Oficial para otorgar financiación a particulares y PYMEs con criterios distintos a los que seguiría una entidad financiera (obligada a repartir beneficios entre sus accionistas)?

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Referencias

Legales

Documentación

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El “nuevo” presidente anuncia la composición de su gobierno y los medios repiten que una de las principales características es la reducción del número de ministerios (“el gobierno más reducido de la democracia”, he llegado a escuchar). Pero si uno mira con más atención se da cuenta de que ésta es una verdad a medias: se ha reducido el número sí, eliminando Ciencia e Innovación y ahogando Cultura en Educación; pero se ha dividido en dos el ministerio que en las últimas dos legislaturas había sido de Economía y Hacienda. Ahora son dos: Economía por un lado, Hacienda y Administraciones Públicas por otro. Como en la segunda legislatura de Aznar; sólo que esta vez no ha hecho falta que Rajoy (como Aznar) se haya hecho cargo durante una legislatura de la cartera de Economía y Hacienda para realizar su conversión en Economía (para Rato) y Hacienda (también entonces para Montoro). Ahora todo tiene que ir mucho más rápido, porque el ritmo lo imponen otros…

En realidad lo que se enviado con esta división es (como en tiempos de Aznar) un claro aviso a los navegantes: la Economía (la única crisis que, al parecer, nos preocupa) funciona sin Hacienda. (Y ya se encargará Montoro de “sanear” las cuentas públicas para que no entorpezcan el desarrollo “normal” de la economía.)

Es decir, se sienta sobre los sillones azules del Congreso un principio ideológico: el Estado no pinta nada en la Economía. Se puede llamar a esto una confirmación del status quo. Yo prefiero llamarlo una claudicación: con esta decisión se acepta la tesis de que esta crisis es económica y no política, cuando a nadie se le debería escapar que, si estamos donde estamos, es porque no se tomaron las decisiones políticas debidas en su momento para controlar el funcionamiento y comportamiento de los diferentes agentes en el mercado.

Y además se deja bien claro que la posición del actual gobierno es asumir como dogma que la causa de la crisis es tanto el déficit como la deuda de los estados, en vez de afirmar que, si hemos llegado a esta situación en tantos estados europeos, es porque se han recortado las fuentes de financiación alternativas a la recaudación de impuestos y a la emisión de bonos: o bien privatizando empresas públicas a diestro y siniestro (y dejando al Estado sin la posibilidad de ingresar prestando servicios) o impidiendo que el BCE preste a los estados o compre deuda soberana directamente en el mercado primario. Así las cosas, ¿cómo se podrá mantener el estado del bienestar si no puede recaudar lo mismo proporcionalmente que en los 60?

No creo que escuchemos en los próximos meses o años medidas como el empréstito forzoso para equilibrar las cuentas públicas. Si se equilibra (como ya sabemos) será prácticamente sólo reduciendo el gasto, es decir, reduciendo tanto la presencia como la capacidad de acción del sector público, cuyos principios de actuación no se ven supeditados a la maximización del beneficio económico, sino, en todo caso, social. Y es que es difícil que la voluntad del gobierno recién anunciado sea sanear las cuentas públicas cuidando que el ingreso no quede debajo de los gastos que garantizan el bienestar de los ciudadanos de este país y posibilitan que todos puedan tener un futuro digno, si en el consejo de ministros el titular de Economía va a funcionar tanto por su currículum como “porque sabe inglés” como un portavoz de agentes externos de la política y las finanzas internacionales. Una sutil manera de intronizar a nuestro particular Monti o Papademos: con perfil más político (se esfuerzan en subrayar), pero eso es lo que menos pesa en el currículum de Luis de Guindos. Entre otras cosas porque su paso por la Secretaría de Estado de Economía durante el último gobierno de Aznar ocurrió antes de pasar por Lehman Brothers y de convertirse en el responsable de la división financiera de Price Waterhouse. A buen entendedor…