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Después de la debacle liberal en Berlín, muchas voces de la oposición empiezan a pedir a la actual coalición que gobierna Alemania (formada por la CDU de la canciller Angela Merkel y el partido liberal FDP) que convoque elecciones anticipadas. Pero hay un pequeño problema: la ley actual es inconstitucional. De celebrarse elecciones regidas por esta ley, serían fácilmente impugnables. Ante la presión del Tribunal Constitucional alemán, la coalición en el gobierno parece querer imponer una reforma diseñada a su favor a la oposición, poniendo en peligro así la estabilidad del sistema.

Papeleta electoral alemana

Papeleta electoral alemana con dos votos: a la izquierda la Erststimme, el mandato directo, y a la derecha la Zweitstimme, el voto a la lista de un partido.

El problema está en la raíz del sistema electoral alemán y quedó en evidencia en las elecciones federales de 2005. Pero para entender qué es lo que lo convierte en inconstitucional hay que explicar primero cómo funciona.

Un sistema electoral con dos votos

En el sistema electoral alemán cada votante tiene dos votos. Con el primero de ellos, la Erststimme, elige un representante por mandato directo y con el otro, la Zweitstimme, opta por la lista de un partido. A la hora del recuento de votos se lleva a cabo el siguiente proceso: primero se cuentan las Zweitstimmen y se hace un reparto proporcional entre los partidos de los representantes por estado federal. El número de representantes obtenidos por mandato proporcional (Proporzmandat) se compara entonces con el número de representantes obtenido por mandato directo y que se calcula contabilizando las Erststimmen en cada estado federal. En el caso de que el número de representantes obtenido por mandato directo sea mayor al obtenido por la vía proporcional, al partido se le otorga el número de representantes adicionales que necesite para llegar al número de representantes elegidos por mandato directo: son los conocidos como Überhangmandate (mandatos excedentarios). En caso de que el número de representantes obtenidos por la vía proporcional sea mayor al de representates obtenidos por mandato directo, prevalece, sin más, el mandato proporcional.

Hasta aquí la teoría, que busca una mayor representatividad parlamentaria, primando el vínculo directo entre votante y representante que se explicita en la elección por mandato directo (por Erststimme).

Antecedentes que llevan al Tribunal Constitucional a tomar cartas en el asunto

Carteles electorales de la CDU y la SPD en las elecciones de Dresden de 2005

Carteles electorales de la CDU y la SPD en las elecciones de Dresden de 2005

La historia de la declaración de inconstitucionalidad de la norma electoral comienza con las elecciones federales del 18 de septiembre de 2005. Kerstin Lorenz, la candidata por mandato directo del partido de extrema derecha NPD por el distrito electoral 160 de Dresden, muere el 7 de septiembre. Una fecha tan cercana a las elecciones que es imposible recomponer la lista de su partido, con lo que las autoridades se ven obligadas a posponer las elecciones sólo en este distrito: los 210.000 votantes del distrito electoral 160 de Dresde votaron el 2 de octubre, dos semanas después que el resto de los alemanes, que lo hicieron el 18 de septiembre.

El 19 de septiembre (es decir, al día siguiente, por tanto, de que se celebraran los comicios en todos lo distritos electorales menos en el 160) se publican los resultados de las elecciones, después de haber procedido al recuento y reparto proporcional de las Zweitstimmen y la adjudicación de los consiguientes mandatos excedentarios. La ajustada diferencia entre la CDU y la SPD desata una especulación en los medios alemanes, que empiezan a calcular, sobre la base de los resultados publicados, qué es lo que le convendría al electorado de la CDU: ¿ganar en la votación a diputado por mandato directo (la conocida como Erststimme) y también en la votación al partido (la Zweitstimme), o sólo en la votación por mandato directo? La conclusión es clara: a la CDU le conviene ganar la Erststimme, pero no la Zweitstimme porque de esta manera obtenían un representante adicional no en Sajonia (el estado federal al que pertenece el distrito electoral 160 de Dresde), sino en Renania del Norte-Westfalia. Como consecuencia, tanto la CDU como la FDP empiezan a hacer su campaña en función de estas cábalas: los cristianodemócratas piden la Erststimme, la FDP la Zweitstimme.  Y el resultado final se ajusta a estos cálculos: la CDU obtiene el representante por mandato directo por 57.931 Erststimmen, pero pasa de tener 41.225 Zweitstimmen en las encuestas a tener sólo 38.028; y los liberales FDP pasan 7,0% de Zweitstimmen en 2002 a un 16,6% en estas elecciones. Conclusión: se constata una anomalía en la ley electoral vigente que hace que, en determinadas circunstancias como la expuesta, un aumento de las Zweitstimmen lleve a una pérdida de representantes en el parlamento y viceversa; lo que condiciona la orientación de voto de determinados electores, que se deciden a votar contra su voluntad a una lista a la que, en circunstancias normales, no habrían votado, lo que lesiona los principios constitucionales de igualdad e inmediación del voto.

Cartel electoral de la FDP pidiendo la Zweitstimme

Cartel electoral de la FDP pidiendo la Zweitstimme

El Tribunal Constitucional alemán toma cartas en el asunto

Así las cosas, el Bundesverfassungsgericht se ve forzado a tomar cartas en el asunto y dicta una sentencia el 3 de julio de 2008 en la que constata esta anomalía en la ley electoral (que denomina negatives Stimmgewicht bei Wahlen – peso negativo de los votos en las elecciones), conmina al poder legislativo a aprobar una ley electoral constitucional antes del 30 de junio de 2011 y pide una reforma de la

ley electoral federal del 11 de marzo de 2005 […] en la medida en que con ésta se consiga evitar que un aumento de las Zweitstimmen lleve a una reducción del número de diputados de las listas de los estados federales o que una pérdida de Zweitstimmen conduzca a un aumento de diputados de las listas electorales de los estados federales.

Incumplimiento del mandato del Bundesverfassungsgericht

Pero el mandato se incumple por desavenencias entre el enfoque que le da al asunto la coalición cristiano-demócrata (la CDU) y liberal (la FDP) que actualmente gobierna la federación y el punto de vista de la oposición.

Según la propuesta de la coalición de la CDU y la FDP, el problema a solventar se reduce exclusivamente al negatives Stimmgewicht, al peso negativo de los votos en las elecciones federales, y propone como solución que los resultados en cada Land se contabilicen de forma independiente, sumándolos sólo para calcular el número de asientos en el parlamento por estado federal; de esta manera seguirían existiendo la posibilidad de que se den mandatos excedentarios, que tanto le benefician a la CDU. Pero esta propuesta no elimina, en realidad, el problema del peso negativo del voto, sino que le abre nuevas posibilidades, según lo muestra un estudio del Prof. Joachim Behnke de la Zepellin-Universität Frierichshafen: mientras que en virtud del texto actual el peso negativo de los votos desanima a los electores a votar al partido que realmente prefieren, el texto de la reforma propuesto por la coalición hace posible que el voto al partido preferido vaya en detrimento de este partido.

Las propuestas de la oposición, por su parte, tienen como principal objetivo la eliminación del efecto negativo de la elección de diputados por mandato excedentario, que ven como la causa que provoca el pernicioso efecto del negatives Stimmgewicht. Algo que a estos partidos les resulta más fácil denunciar, porque el sistema actual de los votos excedentarios les perjudica. Por ese motivo, la propuesta del partido verde Die Grünen busca proponer que el peso de los mandatos excedentarios se compense con escaños adjudicados a las listas de partidos que se presenten en cada estado; y el partido socialdemócrata SPD quiere neutralizar el efecto de estos votos, aumentando el número de representantes de los partidos no beneficiados por los mandatos excedentarios con Ausgleichsmandate (mandatos de compensación).

La mayoría parlamentaria quiere imponer sus propias reglas de juego a la oposición

Andreas Vosskuhle, presidente del Tribunal Constitucional alemán

Andreas Vosskuhle, presidente del Tribunal Constitucional alemán

Las espadas están en todo lo alto, pero la situación sigue siendo insostenible, porque a día de hoy no se pueden celebrar elecciones federales en Alemania con resultados firmes. Es decir, la convocatoria de elecciones anticipadas, una de las posibles salidas a la actual inestabilidad de la coalición en el gobierno (fruto de la debilidad y desmembramiento de uno de sus miembros, la FDP), tiene que ser descartada de antemano a día de hoy, porque la actual legislación en materia electoral convierte al sistema electoral en sí en inestable, ante la ausencia de certeza sobre la validez y constitucionalidad del resultado electoral. Por ese motivo, la oposición ha amenazado con iniciar acciones legales ante el tribunal constitucional contra el actual gobierno por su manifiesta falta de capacidad de gobierno.

Ante el carrusel político que reina actualmente en Alemania en relación a la inconstitucionalidad de la ley electoral vigente, el Bundesverfassungsgericht ha conminado a la política a tomar medidas urgentes en un plazo breve de tiempo. De lo contrario, se vería obligado a tomar medidas. La respuesta a esta exigencia del tribunal parece que ha tenido como resultado que la coalición cristianodemócrata y liberal ha optado por reformar la ley electoral por su cuenta, con lo que, si las cosas no cambian, la mayoría parlamentaria acabará imponiendo las reglas de juego democrático a la minoría, algo difícilmente defendible, cuando de lo que se trata es de garantizar la legitimidad democrática de futuras elecciones federales, cumpliendo así el mandato de la sentencia del Bundesverfassungsgericht.

La inestabilidad que nos gobierna

Con este debate como transfondo y el papel del actual gobierno alemán en la eurocrisis, no son pocas las voces que arremeten contra la falta de capacidad de gobierno de la actual coalición. Y lo cierto es que la situación actual de la ley electoral alemana y los intentos partidistas de su reforma son inaceptables, y ponen de nuevo pone en cuestión que las medidas impulsadas por esta coalición garanticen la estabilidad política de Alemania en el futuro. Y arrojan, una vez más, la sombra de la duda sobre la viabilidad del plan de ajuste en el terreno económico que el actual gobierno alemán se está esforzando por imponer a sus socios más débiles en Europa.

Las medidas de los gobiernos nunca deberían hipotecar el bienestar futuro de sus ciudadanos que los financian, estemos hablando de la Unión Europea o de Alemania. Pero parece que, desgraciadamente, no es éste el principio que rige actualmente: porque éste no parece ser el objetivo de los partidos que nos gobiernan, que juegan a su propio juego mientras son otros los que en realidad nos gobiernan.

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Ramón en "Hermano Lobo", 2 de agosto de 1975. Fuente: neorrabioso.blogspot.com

       desahuciar  (de des- y ahuciar).

     1. tr. Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. U. t. c. prnl.

     2. tr. Dicho de un médico: Admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación.

     3. tr. Dicho de un dueño o de un arrendador: Despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.

La reforma constitucional convierte al pago de la deuda en gasto prioritario. Se constitucionaliza así la desconfianza en el estado y la limitación de su ámbito de actuación, al limitar una de sus herramientas fundamentales: la gestión independiente del dinero público. Una vez más nos encontramos ante un caso de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios. ¿Será el último?

La reforma “es buena para España”, Rajoy dixit. Una “vacuna”, según Rubalcaba. Vuelve a salir a la palestra un discurso basado en términos que se toman prestados de la medicina y de la epidemiología para hablar de la coyuntura económica actual: contragio, fiebre, vacuna, diagnóstico… Y a grandes males, grandes remedios… Pero, realmente, ¿son tan grandes, son tan buenos los remedios, la “vacuna”?

Lo ponemos en duda: en los últimos días, al hablar del texto del artículo 135 reformado de la Constitución sólo se habla del límite al déficit estructural (art. 135.2) o del principio de estabilidad presupuestaria (art. 135.1). Pero no se toca ni ataca lo más grave que incluye esta reforma y que se encuentra en el apartado tercero:

“[…] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. […]”

Lo que aquí se constitucionaliza es, por un lado, la mala práctica que se pretende combatir (el alto nivel de endeudamiento que se “come” gran parte del presupuesto de gasto de las administraciones) y, por otro, una claudicación del Estado ante los mercados: mientras que antes estaba en manos del Estado decidir cuándo se paga la deuda, renegociándola en caso de que fuera necesario (cuando se consideraba que otros gastos tenían más prioridad), ahora, con el texto reformado, no hay ninguna duda: primero se tiene que devolver la deuda, cueste lo que cueste; es decir, a costa de las prestaciones sociales que podría garantizar la Administración para todos.

Éste es, a nuestro juicio, el mayor escándalo del texto de la reforma. No el límite al déficit estructural que hace aumentar la deuda (disminuyendo a la larga la cantidad de dinero que el Estado puede gastar en prestaciones sociales, inversiones públicas y servicios al ciudadano). No: lo escandaloso es que se cede una parte de la soberanía estatal a los mercados, se pone lo público en manos de usureros.

Es más: se prevé un margen amplio para la aplicación de la medida (2020). O sea: se traslada al futuro la aplicación de una medida cuya aprobación se ha querido tan urgente por la actual “desconfianza de los mercados”.  ¿Van a seguir siendo tan desconfiados en 2020 los señores mercados? ¿Quién es capaz de prever cómo va a ser la situación económica en 2020 si ni los gobiernos ni las agencias de calificación ni casi nadie ha sido capaz de prever esta crisis? Pero da igual, se hace la reforma y punto; lo más rápidamente posible para que nadie sea capaz ni de pensar ni de darse cuenta del gol que nos están metiendo. Y no es que rompa sólo el consenso constitucional, no: es que la constitución pasa de ser norma fundamental a norma coyuntural.

¿Realmente nos conviene a todos tener un país sin estado? ¿Es realmente “bueno” para España todo esto? ¿Es esto una “vacuna” o más bien un “veneno”?