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La democracia es que la ciudadanía defina el país que quiere y las prioridades que tiene.

Se nos echan en cara muchas cosas. Una de las más coreadas es que no proponemos nada (concreto). Y quizá tengan razón. Pero la pregunta es: ¿por qué no podemos proponer nada concreto?

Una de las razones es porque no sabemos. Pero no por falta de capacidad, sino por desconocimiento: son muchos años de ocultamiento de datos (por ejemplo: las cuentas a nivel local de los partidos políticos, la influencia efectiva de los lobbies en las decisiones de las cámaras legislativas de nuestro país…); muchos años de publicación parcial o enrevesada de los datos que (supuestamente) apoyan las decisiones que toman y que se financian con el dinero que se recauda mediante los impuestos que pagamos; demasiado tiempo sin saber quién toma realmente las decisiones que nos afectan (¿qué lobbies están detrás?)…

Pero las cosas están cambiando: se está creando un tejido social reivindicativo en el más amplio sentido. Se quiere saber; se quieren tener los elementos que nos permitan controlar lo que se hace con lo que es nuestro; queremos definir y no que nos definan. Somos adultos – ahora también políticamente. Y exigimos transparencia para ser una ciudadanía activa. No es una estrategia de confrontación, sino de construcción: yo también quiero solucionar mis problemas (que no sólo son míos) y quiero ser parte de la solución.

Más en este blog sobre Transparencia y Acceso a los Datos Públicos:

Ley de acceso a los datos públicos

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El Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011 ha aprobado un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dejando de lado el hecho de que lo que se reconoce es un derecho de acceso a la información pública y no a los datos, a nuestro juicio, los principales aspectos negativos de esta ley son, por un lado, que no establece mecanismos efectivos de control del cumplimiento de esta ley; y, por otro, que instaura el silencio administrativo desestimatorio. Así las cosas, este anteproyecto nos parece más cercano a una declaración de buenas intenciones en esta materia que un instrumento legal efectivo para salvaguardar el derecho de acceso a los datos públicos en nuestro país.

El Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011 ha aprobado un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, ha hecho llegar Access Info Europe el texto del anteproyecto de la ley, acompañado de una carta en la que afirma:

Desgraciadamente la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley no será posible en esta legislatura, conocida la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre que el Presidente ha hecho pública hoy mismo. Sin embargo, la andadura de esta Ley es ya irrevocable y con toda seguridad formará parte de los próximos proyectos que serán tratados en la legislatura que se iniciará a comienzos del próximo año 2012.

Dejando de lado la tácita admisión de que el Gobierno ha incumplido su proyecto electoral en este punto al no haber aprobado, como prometió en las campañas que precedieron a las dos últimas elecciones generales, una ley de transparencia, paso a subrayar de forma no exhaustiva los aspectos positivos y negativos que, desde mi punto de vista, tiene la ley.

Aspectos positivos

  • Derecho de acceso a la información pública: Uno de los aspectos positivos de la ley es que, en su capítulo III (y particularmente en el art. 6), sigue reconociendo como derecho el acceso a la información pública, en la línea, por tanto del borrador de anteproyecto que se filtró el año pasado y en sintonía con el propuesta del PP de ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que conocimos hace unas semanas.
  • Reducción de los plazos:  Por otro lado, como regla general, reduce a un mes los plazos dentro de los cuales la administración responderán a las solicitudes de acceso a la información, un cambio importante respecto al borrador de proyecto filtrado el verano del año pasado, que preveía plazos más engorrosos y dilatados.
  • Establece la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información: Un cambio importante respecto al borrador, en el que se convertía a la Agencia de Protección de Datos en el organismo público de referencia al respecto. Ahora se crea una comisión especial consultiva (v. más abajo): “como órgano colegiado de ámbito nacional encargado de de fomentar la transparencia y velar por la protección del derecho de acceso a la información” (art. 18.1), cuyas funciones se detallan en el apartado segundo del mismo artículo y que tienen, sobre todo, por objeto el asesoramiento y la elaboración de criterios comunes de actuación en esta materia.
  • Plazo seis meses de ejercicio de la publicidad activa por parte de las Administraciones públicas: En la Disposición Adicional Segunda, introduce la obligación de publicar de oficio en el plazo de seis meses toda la información a la que se refiere el artículo 3 de la ley (en el que se incluye desde los textos legales hasta las memorias explicativas de los proyectos).

Aspectos negativos

  • Silencio administrativo desestimatorio: Éste es, sin duda, uno de los aspectos más negativos de este proyecto de ley, que, en cierto modo,  pone en tela de juicio la voluntad del Gobierno de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Dice el art. 14.2 de la ley: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado expresa[mente[, la solicitud de acceso se entenderá desestimada”. Una cortapisa seria a las pretensiones a las que esta ley pretende dar respuesta.
  • No se prevé un organismo de control del cumplimiento de esta ley: Aunque se prevea la creación de una Comisión de Transparencia, ésta, por un lado, está adscrita al Ministerio de la Presidencia; y, por otro, no tiene competencias de control, sino que funciona como colegio asesor. Además, se elimina el recurso planteable ante la Agencia de Protección de Datos al que se refería el borrador de Anteproyecto filtrado.
  • No se concreta cómo se va a publicar la información.
  • No se incluye internet entre los canales de publicación: En el art. 4.2 de la ley se incluyen los siguiente canales:

a) Oficinas de atención presencial.

b) Puntos de acceso electrónico.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Correo postal o electrónico.

Es decir: canales de publicación que sólo se abren a instancia de parte y que son mucho más costosos que la publicación proactiva en internet de los datos públicos. Un punto más que revela la falta de voluntad del Gobierno y poderes públicos de empoderar a los ciudadanos. (Gracias al blog amedioentender por subrayar este punto).

  • La ley sólo regula el acceso a la información, pero no a los datos públicos: Éste es un aspecto fundamental a mi juicio: sólo se regula el acceso a la información pública, pero no a los datos públicos; es decir, sólo se regula el acceso a una manipulación de los datos, lo que limita la capacidad de análisis y crítica objetiva de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración. En este sentido, el artículo 2.3 excluye tanto la información en proceso de elaboración y la “meramente auxiliar y de apoyo para el ejercicio de la función pública”.

Links sobre el tema

Páginas de interés

– Access Info Europe

– Coalición Proacceso

Blogs

– Grupo jurídico-legal de la acampada de Salamanca

– amedioentender

Archivística.net

– Ley de transparencia ya.info

Documentos

– Carta del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, a Access Info Europe

– Anteproyecto de Ley de Transparencia del Gobierno (29.7.2011)

– Breve informe sobre el anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros del 29.7.2011

– Borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia filtrado en 2010

– Proposición de Ley del Grupo Popular relativa a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

– Los diez principios que debería cumplir una Ley Pro Acceso (Coalición Pro Acceso)

– Tabla comparativa entre el anteproyecto y los diez principios (Coalición Pro Acceso)

– ¿Qué es el derecho a la información? (Access Info)

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Ley de acceso a los datos públicos

[vimeo 25811353]

Hago varios comentarios sobre el tema.

El primero de todos es que la ley tiene que regular el acceso a los datos públicos (es decir, “de todos”), no a la información. Por una sencilla razón: la información es el resultado de un procesamiento de los datos, una manipulación de los mismos que no posibilita un control ciudadano de las decisiones que toman los políticos a cargo del dinero recaudado a los contribuyentes. La ley debe regular, por tanto, el acceso a los datos: es decir, a todos los documentos, informes, borradores, estudios, etc. que maneje la Administración General del Estado en su conjunto antes de tomar una decisión, siempre que el objeto de la misma no sean asuntos que afecten a la seguridad nacional y siempre que no se vulnere la protección de los datos personales ni del secreto empresarial.

La ley no sólo debería garantizar el derecho de acceso a los datos de todos: debe establecer los criterios básicos para garantizar que esto sea así. Un ejemplo de lo cual es la ley finlandesa. Y prever la creación de un organismo independiente que controle que no se vulnere este derecho, que forme al funcionariado español para que facilite el acceso a los datos y que asesore al ciudadano a la hora de pedir los datos.

Debe establecer la obligación de la publicación proactiva de la Administración General del Estado de los datos públicos. Esto sería mucho más barato que obligar a los ciudadanos a iniciar procesos de petición que deben ser atendidos y respondidos. Si los datos fueran efectivamente públicos, esto es, estuvieran publicados, la salvaguarda de este derecho sería mucho más barata, porque todo el mundo tendría acceso sin implicar un esfuerzo adicional de la Administración. Un argumento que desmontaría la posición de algunos de los miembros del Gobierno actual, que ven el principal pero a la implantación de esta ley en el coste que supone.

En mi opinión, la ley debe ser orgánica, y para ello habría que incluir el derecho de acceso a los datos públicos en el elenco de derechos fundamentales de nuestra constitución.

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Ley de acceso a los datos públicos

Esto es algo que, por lo que sé, no tenemos aún España y que es fundamental para que los ciudadanos podamos saber a quién votamos cuando optamos por un partido: aplicación para ver qué empresas donan cuánto a qué partidos políticos (pinchad en la imagen para acceder a la aplicación).

Como podréis ver, en el arco de arriba está un buen número de los partidos políticos alemanes, los más representativos. La dimensión que ocupan en el arco refleja la cantidad de donaciones que reciben. Así se puede ver a simple vista la meteórica diferencia entre lo que reciben los partidos más conservadores (CDU y CSU) y los liberales (FDP) frente a lo que perciben los socialistas (SPD) por esta vía.

Esta aplicación también te permite saber qué empresas pagan más o menos a todos los partidos más representativos (Allianz, por ejemplo) y cuáles no.

No es una gran ocurrencia decir que a mayor donación más capacidad de influencia del donante sobre el partido y que si una empresa se decanta claramente por un partido, el votante del mismo debe de estar sobre aviso ante posibles tratos de favor hacia esa empresa.

En el caso de España esta aplicación habría que complementarla con una relación detallada de la deuda que tienen contraída los partidos políticos con entidades financieras y qué porcentaje no se han visto obligados a pagar (lo que equivaldría de hecho a una donación encubierta).

Aplicación para ver qué empresa dona cuánto a qué partido político

No es esto: ni el recurso la violencia ni la manipulación informativa. Curiosamente hoy sí que se hacen eco todos los medios de los actos que han realizado una minoría y con los que no se identifica la inmensa mayoría el movimiento. Ay, si hubieran habido coberturas tan completas cuando se han tomado decisiones importantes… Ay, qué poco se ha hablado de las consecuencias del pacto del Euro, de las consecuencias de los recortes de Mas o de la creación de cargos de confianza en épocas de vacas flacas…

En cualquier caso: la idea que a mí me mueve a estar metido en esto es volver a recuperar la confianza en las instituciones, sentirme representado por los políticos que nos piden el voto, que haya más transparencia, que las políticas no estén al servicio del dinero, sino de las personas, que haya una mayor concienciación política. Y que nos traten como interlocutores válidos: para eso hace falta que maduremos políticamente entre todos, que seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar con fundamento.

Tenemos que ser más listos que ellos y eso pasa por darnos cuenta primero de que ya tenemos instrumentos para hacerlo: nuestra capacidad de movilización y los mecanismos de ejercicio de la democracia directa que ya existen y que debemos empezar a utilizar más eficientemente. Hay que confiar más en la palabra y respetar a las personas: los insultos, las descalificaciones, las agresiones, no son más que piedras contra nuestro propio tejado y nunca medios eficaces en nuestra lucha.

No nos deslegitimemos a nosotros mismos perdiendo la paciencia. Lo peor que nos podría pasar es que nos dejáramos contagiar por la prisa que se nos quiere meter con la presión policial, mediática y política. Tenemos que ser conscientes de que somos un movimiento en proceso de maduración y que podemos llegar lejos si vamos despacio. Ellos están nerviosos, pero nosotros nunca podemos perder la calma. Si jugamos al juego que ellos quieren, perdemos seguro.

Ni todos los políticos son iguales, ni todos nosotros somos violentos. #15msinviolentos

Podrán detener a lo que llaman “cúpula”, pero no se dan cuenta de que somos demasiados.

[vimeo 24622780]

Éste es un comunicado anónimo sobre la detención que reclama la liberación sin cargos de los detenidos:

El ‘conseller’ se escuda en que la mayoría de las policías europeas no lo hacen

Viernes, 3 de junio del 2011 ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Existe la norma. En concreto, desde noviembre del 2008, cuando el Govern decretó que todos los agentes de los Mossos d’Esquadra, incluidos los antidisturbios, deben llevar visible su número de identificación policial. Sin embargo, en sus dos años y medio de vigencia no ha llegado a aplicarse en el cuerpo de antidisturbios. y no parece que eso vaya a cambiar. El conseller de Interior, Felip Puig, anunció ayer que por el momento no piensa aplicar ese decreto; es más, admitió que duda entre aplicarlo, modificarlo o derogarlo.

Fuentes de Interior señalaron ayer que, cuando pase la polémica sobre la carga de los antidisturbios de los Mossos en la plaza de Catalunya del pasado viernes, se abrirá una reflexión sobre si hay que mantener en vigor, modificar o anular la obligación de lucir la Targeta d’Identificació Policial (TIP). «Estoy pensando en el tema, he pedido los antecedentes y lo estamos analizando», declaró Puig a la cadena SER.

«TENGO MIS DUDAS» / Puig insistió en que los agentes de las unidades antidisturbios de la mayoría de las policías europeas no muestran su identificación en cargas o situaciones de violencia. En el resto de la UE solo los antidisturbios británicos y los alemanes, como ayer informó EL PERIÓDICO, tienen esa obligación y además la cumplen. «La normativa del 2008 es la vigente. Pero hasta que no vea que todas las unidades antidisturbios de Europa hacen lo mismo, tengo mis dudas sobre cómo ha de aplicarse esa instrucción», dijo el titular de Interior.

El conseller alegó que los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía (que también están obligados por ley) tampoco llevan la identificación a la vista cuando realizan una carga, al igual que la Guardia Civil y la Ertzaintza.

Interior justifica la contradicción de que los Mossos, cuya misión es velar por el cumplimiento de la ley, infrinjan una norma, con que así se protege a los antidisturbios de posibles denuncias falsas. Según el conseller, «hay una voluntad clara y transgresora de ir a atacar, agredir, identificar y acusar a los agentes de manera individual» mediante el uso de ese número de identificación.

El decreto catalán data de la época del anterior conseller de Interior, el ecosocialista Joan Saura. No obstante, bajo su mandato los antidisturbios tampoco cumplieron la norma.

MOSSOS FOTOGRAFIADOS / Los abogados de asociaciones de defensa de los derechos humanos critican la impunidad que genera la no identificación de los antidisturbios, ya que nadie que haya sufrido una agresión policial injustificada puede denunciarles. Los jueces archivan de forma sistemática las denuncias de manifestantes y otros ciudadanos heridos por cargas policiales si no se puede identificar al agente o los agentes autores de la acción.

Interior se queja, no obstante, de que muchos manifestantes fotografían con sus teléfonos móviles o pequeñas cámaras el rostro de los agentes y luego cuelgan las fotos en internet, donde los policías reciben todo tipo de insultos.