Ramón en "Hermano Lobo", 2 de agosto de 1975. Fuente: neorrabioso.blogspot.com
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desahuciar (de des- y ahuciar).
1. tr. Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. U. t. c. prnl.
2. tr. Dicho de un médico: Admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación.
3. tr. Dicho de un dueño o de un arrendador: Despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.
La reforma constitucional convierte al pago de la deuda en gasto prioritario. Se constitucionaliza así la desconfianza en el estado y la limitación de su ámbito de actuación, al limitar una de sus herramientas fundamentales: la gestión independiente del dinero público. Una vez más nos encontramos ante un caso de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios. ¿Será el último?
La reforma «es buena para España», Rajoy dixit. Una «vacuna», según Rubalcaba. Vuelve a salir a la palestra un discurso basado en términos que se toman prestados de la medicina y de la epidemiología para hablar de la coyuntura económica actual: contragio, fiebre, vacuna, diagnóstico… Y a grandes males, grandes remedios… Pero, realmente, ¿son tan grandes, son tan buenos los remedios, la «vacuna»?
Lo ponemos en duda: en los últimos días, al hablar del texto del artículo 135 reformado de la Constitución sólo se habla del límite al déficit estructural (art. 135.2) o del principio de estabilidad presupuestaria (art. 135.1). Pero no se toca ni ataca lo más grave que incluye esta reforma y que se encuentra en el apartado tercero:
«[…] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. […]»
Lo que aquí se constitucionaliza es, por un lado, la mala práctica que se pretende combatir (el alto nivel de endeudamiento que se «come» gran parte del presupuesto de gasto de las administraciones) y, por otro, una claudicación del Estado ante los mercados: mientras que antes estaba en manos del Estado decidir cuándo se paga la deuda, renegociándola en caso de que fuera necesario (cuando se consideraba que otros gastos tenían más prioridad), ahora, con el texto reformado, no hay ninguna duda: primero se tiene que devolver la deuda, cueste lo que cueste; es decir, a costa de las prestaciones sociales que podría garantizar la Administración para todos.
Éste es, a nuestro juicio, el mayor escándalo del texto de la reforma. No el límite al déficit estructural que hace aumentar la deuda (disminuyendo a la larga la cantidad de dinero que el Estado puede gastar en prestaciones sociales, inversiones públicas y servicios al ciudadano). No: lo escandaloso es que se cede una parte de la soberanía estatal a los mercados, se pone lo público en manos de usureros.
Es más: se prevé un margen amplio para la aplicación de la medida (2020). O sea: se traslada al futuro la aplicación de una medida cuya aprobación se ha querido tan urgente por la actual «desconfianza de los mercados». ¿Van a seguir siendo tan desconfiados en 2020 los señores mercados? ¿Quién es capaz de prever cómo va a ser la situación económica en 2020 si ni los gobiernos ni las agencias de calificación ni casi nadie ha sido capaz de prever esta crisis? Pero da igual, se hace la reforma y punto; lo más rápidamente posible para que nadie sea capaz ni de pensar ni de darse cuenta del gol que nos están metiendo. Y no es que rompa sólo el consenso constitucional, no: es que la constitución pasa de ser norma fundamental a norma coyuntural.
¿Realmente nos conviene a todos tener un país sin estado? ¿Es realmente «bueno» para España todo esto? ¿Es esto una «vacuna» o más bien un «veneno»?
Mi futuro ahora 